Impulsan proyecto de ley para poner aranceles temporales al acero chino

🏭 Diputada Joanna Pérez (Demócratas) , con el apoyo de sindicatos, autoridades regionales, y parlamentarios, propone una Reforma Constitucional para aumentar aranceles al acero chino. Este proyecto busca proteger la industria nacional y regional frente a la competencia de precios distorsionados.

💬 “Reconocemos que aquí la Comisión (Antidistorsiones) ha hecho un trabajo importante, pero creemos que es insuficiente para lo que otros países han reconocido en cuanto a la distorsión de precios”.

📈 Joanna Pérez destaca la insuficiencia de las acciones actuales contra la distorsión de precios del acero chino. La propuesta busca un aumento arancelario del 50%, reconociendo la necesidad de un consenso amplio para su implementación y la protección del empleo local.

🔨 El proyecto se presentará en la Sala el 1 de abril, tras la semana distrital. Pérez subraya la urgencia de la situación, enfocando en la protección de sectores estratégicos y el mantenimiento del empleo ante la competencia internacional.

🗣️ "Un proyecto de ley probablemente nos lo hubieran declarado inadmisible, pero nosotros sí tenemos iniciativa para reformar la Constitución. Por eso es que este proyecto se va a dar cuenta en Sala el 1 de abril, luego de la semana distrital. Y esperamos que el presidente de la Comisión de Constitución lo ponga en tabla la misma semana”.

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— Nicolas Copano (@copano) March 22, 2024

🌍 La diputada resalta la importancia de equilibrar la apertura comercial con la protección de industrias clave, en respuesta a los comentarios del Presidente Boric sobre el impacto de factores internacionales. La reforma busca corregir distorsiones y salvaguardar empleos.

🚀 Rodrigo Díaz, Gobernador Regional, apoya firmemente el proyecto, advirtiendo sobre las graves consecuencias económicas de un cierre de Huachipato, incluyendo el aumento de la cesantía y el impacto en pymes y trabajadores regionales.

💥 Díaz llama a la acción gubernamental y a la revisión de la situación por la Comisión Antidistorsiones, resaltando la propuesta como un medio para evitar un "golpe mortal" a la economía de la Región del Biobío y preservar la capacidad productiva local frente a la competencia desleal.

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